Fracasa intento de libertad del fiscal Aurelio Valdez; corte deja sin efecto revisión de coerción
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presuntamente recibir un soborno de 10,000 dólares, fracasó en su intento de obtener la libertad y continuará cumpliendo los tres meses de prisión preventiva que le fueron impuestos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presuntamente recibir un soborno de 10,000 dólares, fracasó en su intento de obtener la libertad y continuará cumpliendo los tres meses de prisión preventiva que le fueron impuestos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Esto ocurre luego de que la jueza Nancy Joaquín, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dejara sin efecto la audiencia de revisión de la medida de coerción.
La magistrada adoptó la decisión al acoger un pedimento del Ministerio Público, representado en el tribunal por el fiscal Eduardo Velázquez, quien argumentó que la prisión preventiva en contra del acusado ya había sido ratificada el pasado 3 de junio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Para fallar a favor de la fiscalía, el tribunal se amparó en el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, el cual establece que cuando una de las partes apela o interpone un recurso sobre la medida, los plazos legales se reinician.
A su salida del tribunal, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, reiteró que la revisión no procedía en la fecha actual debido a las acciones legales recientes de la defensa.
“La revisión es obligatoria cada tres meses, pero si las partes apelan, esa fecha se rueda. El tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público, dejó sin efecto la audiencia y fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre”, explicó Camacho.
Asimismo, el titular de la PEPCA desestimó los alegatos de la defensa técnica sobre supuestos arraigos del imputado, enfatizando que tanto el tribunal de primera instancia como cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia han coincidido de manera unánime en que la prisión preventiva sigue siendo la medida de coerción idónea para este caso.
Detalles del expediente y acusación
La medida de coerción original contra Valdez Alcántara fue dictada por la jueza Ysis Muñiz, luego de rechazar de manera íntegra los incidentes y peticiones de nulidad presentados por el equipo legal del encartado.
Al procesado se le imputa la violación de varios artículos del Código Penal dominicano, así como de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Según consta en el expediente instrumentado por el Ministerio Público, el fiscal supuestamente exigió una suma inicial de US$200,000 a una persona que se encontraba bajo investigación bajo su cargo.
Tras un proceso de negociación, Valdez Alcántara redujo la exigencia económica a US$150,000, manifestando además su interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo de la marca Mercedes-Benz.
El imputado fue finalmente capturado en flagrante delito durante un operativo de entrega controlada, en el momento exacto en que recibía la suma de US$10,000 en efectivo.