Abinader y el reto ante la corrupción

Félix Reyna

Desde el mismo 16 de agosto de 2020, cuando el presidente Luis Abinader dio inicio al establecimiento de un Ministerio Público independiente, sabía muy bien lo que hacía.

Sabía que impulsaba a la sociedad dominicana a recorrer un camino de no retorno, indispensable si —como era su determinación— se quería iniciar un verdadero saneamiento moral y ético del país, en el que estaba profundamente arraigada la costumbre de irrespetar la Constitución y las leyes, requisito mínimo para conferirle organización y civilidad a cualquier proceso serio de desarrollo.

Sabia que, desde la Procuraduría, emprendía una ruta de adecentamiento y despolitización del sistema judicial, con el propósito de superar el uso del aparato de justicia como instrumento al servicio de partidos políticos y como un auténtico mercado persa en el que poderosos bufetes de abogados habían hecho y deshecho durante años.

También que la podredumbre ética había echado raíces profundas y extendidas en la sociedad dominicana, con niveles de corrupción que se interconectaban de manera transversal en amplios sectores sociales, políticos y económicos.

Y sabía —dato especialmente relevante— que al designar al frente de la Procuraduría General y la Procuraduría Adjunta a Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, colocaba perfiles de probidad y firmeza institucional que, en defensa de la sociedad, podían incluso tocar las puertas de funcionarios gubernamentales o de dirigentes de su propio partido en funciones oficiales.

Por eso, aunque designó en la administración pública a personas sin antecedentes penales, fue claro en advertir desde antes de llegar a la Presidencia: en la función pública tendría colaboradores y amigos, pero no cómplices.

Desde su llegada al poder, varios —incluso importantes— funcionarios han salido del gobierno ante simples rumores o señalamientos públicos. Y desde el propio Poder Ejecutivo se han canalizado hacia el Ministerio Público solicitudes de investigaciones inmediatas y profundas, como ocurriró en el caso del SENASA; y observaciones éticas en el desempeño de diversas instituciones oficiales.

El presidente Abinader también se ha ocupado de que se cumplan rigurosamente los requerimientos éticos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (340-06) y en la Ley de Función Pública (41-08), normas que en el pasado fueron considerables fuentes de corrupción y discrecionalidad.

Ha brindado, además, todo su respaldo a las instancias de persecución del delito, encabezando personal y semanalmente la Fuerza de Tarea que articula a los principales organismos de inteligencia, seguridad y orden público. A ello se suma el inicio de una profunda Reforma y Modernización de la Policía Nacional, como parte de un esfuerzo institucional orientado a la disuasión y prevención de irregularidades.

La reciente Carta Pastoral de los obispos con motivo del Día de la Altagracia expresa preocupación por el tema de la corrupción en aspectos en que las autoridades ya han adoptado las acciones de lugar y han dejado claro que el gobierno central es inflexible frente a cualquier irregularidad.

Sectores interesados han intentado utilizar ese pronunciamiento para cuestionar la conducta del gobierno frente a este flagelo. Un intento inútil.

Las previsiones, decisiones y acciones del gobierno, aquí enumeradas, y sobre todo la firme determinación presidencial de que el sistema judicial ponga punto final a la impunidad -que por tanto tiempo dominó las prácticas oficialistas-, desmontan cualquier lectura interesada.

La señal más clara de mantener y profundizar la determinación de que en todo el gobierno se cumplan los requerimientos de la sana administración ética son las destituciones porque el simple rumor público se refiere a supuestas denuncias sobre comportamientos poco ético de algún funcionario sin importar jerarquía.

El saneamiento de la Justicia y la lucha contra la corrupción y todo tipo de delitos, así como el respeto al desempeño de los poderes públicos, son parte del empuje institucional que caracteriza al gobierno del presidente Abinader, empuje en el que descansa la estabilidad política y social que da reputación internacional nunca vista a nuestra querida República Dominicana.