Defensa de Donald Guerrero dice acusación sobrevive por obstinación y por una narrativa fabricada
Sostienen que la acusación sobrevive por “obstinación” y por una narrativa fabricada, pero no por méritos jurídicos.
La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, reaccionó tras la decisión judicial que ordena el envío de su representado a juicio de fondo, calificando el dictamen como “imposible de conciliar” con las propias evidencias oficiales que componen el expediente.
A través de un comunicado, los abogados defensores afirmaron que, tras casi seis años de un proceso judicial exhaustivo y miles de páginas investigadas, el Ministerio Público ha sido incapaz de presentar una sola prueba que demuestre que Guerrero Ortiz recibió sobornos, comisiones ilegales o algún beneficio económico indebido.
Sostienen que la acusación sobrevive por “obstinación” y por una narrativa fabricada, pero no por méritos jurídicos.
La defensa dijo que desmontó el argumento central del órgano acusador, que durante años sostuvo la existencia de un presunto fraude multimillonario, señalando que los documentos incorporados al proceso demuestran todo lo contrario.
Dijeron además que el Banco de Reservas certificó formalmente que los RD$21,000 millones de pesos fueron recibidos y aplicados de manera estricta al programa de pago a contratistas del Estado, según consta en su Informe Anual del año 2020.
Aducen que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la actual administración del Estado certificó, mediante el ERIR 2020, que dichos recursos financieros permanecieron en todo momento dentro del patrimonio estatal y que la operación generó, en realidad, una reducción de la deuda pública en beneficio de la República Dominicana.
“Ante hechos debidamente acreditados por organismos oficiales, resulta imposible comprender cómo se concluyó que existían méritos suficientes para sostener una acusación de fraude relacionada con esos fondos”, subrayó la defensa técnica.
Legitimidad de las expropiaciones y validación patrimonial
El comunicado destaca otra contradicción procesal respecto a los fondos ejecutados por concepto de expropiaciones.
Los abogados dijeron que dichos desembolsos se realizaron bajo un estricto marco legal, respaldados por sentencias judiciales y tasaciones oficiales autorizadas.
Añadieron que la propia jueza de la instrucción validó implícitamente la operación al ordenar el pago del 20% restante de varias de estas expropiaciones, reconociendo la legitimidad de la deuda y los derechos de los reclamantes.
Asimismo, la defensa recordó que el patrimonio de Donald Guerrero fue blindado por un peritaje judicial oficial ordenado por el propio tribunal.
El informe, elaborado por los peritos Pedro Urrutia y Ramón Antonio Perelló (del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana), confirmó de manera categórica que los bienes del exministro provienen de actividades comerciales lícitas y transparentes desarrolladas durante décadas en el país y en Puerto Rico, descartando cualquier tipo de lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
Otro de los agravios señalados por los juristas es el rechazo a la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo.
La defensa enfatizó que el tribunal no le atribuyó a Donald Guerrero ni a sus abogados una sola actuación dilatoria a lo largo de estos seis años.
Denunciaron que la decisión de mantener abierto el caso se aparta de las garantías del Código Procesal Penal y desconoce la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
“Ninguna acusación puede prevalecer indefinidamente sobre la verdad de los hechos y las pruebas. Por ello, mantenemos la absoluta convicción de que la inocencia de Donald Guerrero Ortiz será finalmente reconocida mediante una sentencia absolutoria”, concluyó el equipo legal.