“Van a tener que pagarnos”: Comerciantes afectados por Línea 2C del Metro reclaman pagos
Según las informaciones ofrecidas, desde el 2023 les fueron dadas como fecha establecida para recibir los pagos correspondientes.
Un grupo de comerciantes y familias afectadas por la construcción de la línea 2C de Metro de Santo Domingo se reunieron este miércoles en la entrada de los Alcarrizos para denunciar que llevan alrededor de tres años esperando el pago correspondiente por sus propiedades y negocios, y aseguran que han recibido promesas falsas por parte de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
Los comerciantes, quienes se encontraban en las inmediaciones de sus establecimientos, exigieron respuestas y reclamaron para que se cumplan los compromisos asumidos durante el proceso de expropiación de los terrenos y propiedades afectados por la obra.
“No nos van a chantajear, van a tener que pagarnos”, manifestó uno de los comerciantes, quien aseguró que los afectados están dispuestos a continuar sus reclamos hasta obtener una solución a todo este asunto.
Según las informaciones ofrecidas, desde el 2023 les fueron dadas como fecha establecida para recibir los pagos correspondientes. Según explicaron, al inicio fueron comunicados que serían compensados en el mes de agosto de ese año y posteriormente les indicaron que recibirían el pago antes de la inauguración de la Línea 2C, sin embargo amabas promesas fueron incumplidas.
Juan Álvarez Reyes, uno de los afectados acusó al director de la OPRET, Jhael Isa Tavárez, por mantenerlos con “falsas esperanzas” y de no ofrecerles respuestas concretas sobre sus reclamaciones.
“La última vez que hablamos con él nos dijo que estaban revaluando para hablar con nosotros”, expresó luego de informar que no siempre son recibidos cuando acuden a sus oficinas.
Los afectados explicaron que en la zona funcionan o funcionaban diversos establecimientos comerciales, entre ellos colmados, clínicas y laboratorios dentales, lavanderías, cafeterías, tiendas de celulares, salones de belleza, agencias de seguros y negocios de vehículos.
Uno de los comerciantes, Julio Márquez, explicó que tiene una agencia de seguros y negocios dedicados a la venta de repuestos para motocicletas y vehículos. Según afirmó, la actividad de venta de repuestos se vio afectada hasta el punto de que tuvo que apoyarse en el negocio de seguros para tratar de mantener sus ingresos.
Márquez aseguró que debido a esto ha tenido que recurrir a préstamos bancarios e informales para poder subsistir y mantener a su familia mientras espera una respuesta sobre la compensación correspondiente a su propiedad.
Otro de los afectados, José Ricardo Durán, afirmó que su familia también se encuentra a la espera de una definición sobre una propiedad que incluye una vivienda y varios negocios. Durán explicó que, según lo informado por las autoridades, sus propiedades serían expropiadas, pero que hasta el momento no han recibido el pago ni una respuesta definitiva sobre el proceso.
Además, informó que sus documentos de propiedad fueron retirados bajo el argumento de que los terrenos serían expropiados por el Estado, situación que, según denunció, le ha impedido disponer libremente de sus bienes. “Ni nos dicen una cosa, ni nos dejan vender, ni nos expropian”, expresó Durán.