El aporte del 50% de los partidos
Entre las medidas acordadas ayer en el Consejo de Gobierno para enfrentar las presiones recesivas e inflacionarias derivadas de la guerra en Irán, destaca la propuesta de reducir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos.
Se trata de un aporte significativo que las propias organizaciones deberán viabilizar en el Congreso Nacional, dado que implica reformas legislativas. No es una decisión mayor, pero sí una señal política en un momento en que se demanda mayor corresponsabilidad de todos los sectores.
Son muchos los que cuestionan el uso de estos recursos: entre RD$1,200 y RD$1,600 millones anuales, que suman alrededor de RD$25,000 millones desde que se instauró este esquema con fondos provenientes de los contribuyentes.
Para una parte importante de los ciudadanos -lo dicen olas encuestas- ese dinero no ha generado los resultados esperados, y los partidos deberían serlos primeros en preocuparse por ello.
Conviene recordar que el financiamiento público a los partidos —establecido con la Ley 275-97 y fortalecido por la Ley 33-18— no fue concebido para engrosar estructuras clientelares ni para el uso discrecional de las dirigencias.
Su propósito era corregir distorsiones del sistema político, reduciendo la dependencia del dinero privado y cerrando el paso a influencias indebidas, ya sean de grandes intereses económicos o incluso de redes ilícitas.
Asimismo, estos fondos debían contribuir a la formación ideológica y técnica de los cuadros políticos, elevando la calidad de la representación y fortaleciendo la cultura democrática. Ese objetivo, sin embargo, ha quedado lejos de cumplirse plenamente.
Lo cierto es que el financiamiento público no ha logrado detener el deterioro que desde hace años arrastra el sistema político. La desconfianza ciudadana persiste, y las prácticas clientelares continúan erosionando la credibilidad de los partidos.
Ojalá que este recorte no sea solo una medida coyuntural, sino una oportunidad para que las organizaciones políticas retomen su razón de ser: servir al interés colectivo, actuar con transparencia y reconstruir el vínculo con la ciudadanía.