Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional
En entrevista con Infobae, el vicepresidente del IRI, Randy Scheunemann, advirtió que Beijing usa inversiones, tecnología e infraestructura crítica para presionar gobiernos y condicionar decisiones soberanas en la región.
Por Alexis Pérez
El avance de China sobre sectores estratégicos de América Latina ya no se limita al comercio ni a la inversión: responde a una estrategia deliberada para ampliar su influencia política y condicionar la soberanía de los países de la región.
Así lo advirtió el vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, Randy Scheunemann, en entrevista con Infobae, en el marco de una cumbre organizada por esa institución que reunió en Buenos Aires a dirigentes de nueve países para analizar el impacto de los regímenes autoritarios, el crimen organizado y las políticas de libre mercado.
De acuerdo con Scheunemann, el control de sectores clave por parte de empresas chinas forma parte de las políticas del Partido Comunista para ejercer presión y condicionar decisiones soberanas en América Latina. Las operaciones de estas compañías, según el dirigente, están alineadas con los intereses de seguridad y política exterior de Beijing.
“No existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en el exterior”, afirmó Scheunemann.
Sostuvo que el modelo de expansión de Beijing combina herramientas económicas, tecnológicas y políticas, con efectos que —según advirtió— van mucho más allá del plano estrictamente comercial.
“El problema es que no existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina o en Estados Unidos con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicados a buscar los intereses de seguridad chinos”, puntualizó.
Scheunemann identificó la infraestructura crítica como uno de los principales objetivos del plan en las sombras de China en la región. Explicó que el control sobre sectores como energía, transporte y, especialmente, telecomunicaciones, brinda a Beijing capacidades que trascienden lo económico y pueden transformarse en herramientas de presión política y acceso a información sensible.
En este contexto, el vicepresidente del IRI subrayó el papel de las empresas tecnológicas chinas en la provisión de redes de comunicación en América Latina.
“Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”.
El dirigente también alertó sobre los riesgos asociados a proyectos de conectividad internacional, como los cables submarinos. Explicó que permitir la participación de empresas chinas en estos proyectos implica que “cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la agencia de inteligencia china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos”.
En el caso de Chile, el proyecto Chile-China Express de la empresa China Mobile busca unir Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de 19.873 kilómetros, bajo control de entidades sujetas a la ley de inteligencia del Partido Comunista Chino.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el proyecto como una amenaza a la seguridad regional, mientras que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) advirtió sobre “riesgos sustanciales e inaceptables para la seguridad nacional”.
Aunque el gobierno chileno anuló el decreto de concesión inicial tras la aparición de antecedentes sobre posibles riesgos de seguridad, el proyecto continúa bajo evaluación oficial.
En entrevista con este medio, Scheunemann habló sobre el control de Beijing en recursos naturales críticos y señaló que minerales como el litio y las tierras raras son esenciales para las industrias tecnológicas, energéticas y de defensa, lo que los convierte en objetivos prioritarios para China.
“Cuando los chinos pueden controlar un activo, por ejemplo el procesamiento de tierras raras, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior”, explicó.
Como antecedente, recordó que Beijing ha impuesto restricciones comerciales en el pasado, afectando a Estados Unidos y Japón tras desacuerdos políticos.
Según el informe Global Critical Minerals Outlook de la Agencia Internacional de Energía (AIE), China es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes, con una cuota de mercado promedio del 70%. Domina más del 80% del procesamiento global de tierras raras y más del 60% del litio de grado batería.
El “triángulo del litio” —Argentina, Bolivia y Chile— concentra más del 58% de las reservas mundiales.
Un informe bipartidista del Congreso de Estados Unidos denuncia que Beijing manipula los precios del litio, subsidia empresas estatales y utiliza su peso económico para condicionar a los países productores.
Scheunemann advirtió sobre los acuerdos comerciales con empresas chinas, señalando que brindan al Partido Comunista Chino “la munición de hacer valer su voluntad en todo el mundo”.
Frente a este escenario, Scheunemann sostuvo que la defensa debe centrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la transparencia.
“Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática”, afirmó.
Subrayó, además, que “a lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas”; prefieren acuerdos secretos donde los parlamentos no pueden conocer los términos.
Destacó que los marcos regulatorios son la primera línea de defensa frente a la subversión china. Cuando los acuerdos son públicos, pierden atractivo para Beijing.
Crimen organizado y desafíos estructurales
En conversación con Infobae, Scheunemann abordó el impacto del crimen organizado, advirtiendo que cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más confrontan el poder del Estado. Explicó que estas estructuras se expanden mediante la corrupción, ofreciendo sobornos a jueces y funcionarios. Recordó el caso de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando el país se transformó en un narcoestado, y advirtió sobre la capacidad de adaptación de estas organizaciones.
Finalmente, alertó sobre el riesgo de retroceso político en la región. Consideró que el mayor desafío es sostener el avance hacia gobiernos comprometidos con el libre mercado y los valores democráticos, evitando el retorno a modelos estatistas del pasado, representados por figuras como Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Ese creo es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro”, dijo.
Alexis Pérez