Fatiga democrática y resiliencia institucional
Por José Ignacio Paliza/1
Fatiga democrática, polarización y ejercicio de mayorías políticas: el caso de la República Dominicana
Nota editorial: Este artículo forma parte de una serie basada en la traducción de mi participación, junto al profesor Michael Shifter, en el panel “Democracy and Governance” de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Georgetown.
América Latina enfrenta hoy una tendencia cada vez más evidente: una crisis persistente de gobernanza que erosiona la confianza ciudadana en la democracia. Aunque la mayoría de los ciudadanos continúa considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno, los niveles de satisfacción con su funcionamiento son considerablemente más bajos. Esta brecha entre expectativa y realidad ha dado lugar a lo que diversos académicos han denominado “fatiga democrática”.
No se trata de un fenómeno coyuntural. Es el resultado acumulado de décadas en las que los sistemas democráticos no han logrado traducirse -o al menos eso percibe la ciudadanía- en mejoras tangibles para amplios sectores de la población. Cuando la democracia no cumple la frustración se transforma en desapego. Y cuando ese desapego se profundiza, el riesgo no es únicamente político, sino estructural: se debilita la legitimidad misma del sistema democrático.
No es difícil entender por qué. Durante décadas, muchos países de la región han celebrado elecciones libres, han construido marcos institucionales formales y han consolidado reglas del juego relativamente estables. Sin embargo, para amplios sectores de la población, la vida cotidiana no ha cambiado al ritmo esperado. Como ha señalado Adam Przeworski en el libro “La crisis de la democracia”, uno de los factores centrales de esta insatisfacción es la incapacidad de la democracia para generar niveles aceptables de igualdad económica. A su vez, Moisés Naím advierte que estos vacíos suelen ser ocupados por liderazgos que capitalizan el miedo social -ya sea frente a la inseguridad económica, la migración o la pérdida de estatus.
A este escenario se suma un elemento particularmente crítico: la polarización. En América Latina, el nivel de polarización política ha aumentado de forma sostenida en las últimas dos décadas, superando incluso el promedio global. Este fenómeno transforma el debate público: deja de centrarse en soluciones y pasa a organizarse en torno a identidades y antagonismos. En ese contexto, el consenso se vuelve políticamente costoso. El diálogo se sustituye por la confrontación, y los problemas complejos se reducen a opciones binarias. El resultado es una dinámica que limita la capacidad de gobernar. Sin acuerdos mínimos, las reformas se estancan, y la percepción de ineficacia del sistema se profundiza.
La democracia, entonces, entra en un círculo vicioso: cuanto menos resultados produce, menos confianza genera; y cuanto menos confianza genera, más difícil se vuelve producir resultados. En ese contexto, la gran pregunta es inevitable: ¿puede la democracia recuperar su capacidad de convencer? En un contexto regional marcado por desconfianza y fragmentación, la República Dominicana emerge como un caso atípico y ofrece un contraste relevante.
En 2020, el presidente Luis Abinader fue electo con el 52% del voto popular. Cuatro años después, en 2024, fue reelecto con un 57%, acompañado de una de las victorias legislativas y municipales más amplias en la historia reciente del país. En torneos electorales anteriores hemos visto ese patrón, algo propio de un sistema de relativa estabilidad democrática. Sin embargo, en el caso del Partido Revolucionario Moderno surge una diferencia importante: la forma en que ha sido ejercido el mandato conferido al PRM.
En una región en la que las mayorías amplias suelen traducirse en concentración de poder, el PRM ha seguido una lógica distinta: utilizar esa fortaleza política para reforzar el equilibrio institucional. Esto se ha reflejado en decisiones concretas.
La designación de profesionales independientes en órganos constitucionales clave -como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes- y el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público han contribuido a fortalecer la credibilidad institucional.
De igual forma, el mismo día en que fue declarado ganador, el presidente Abinader proclamó una reforma constitucional para petrificar la prohibición constitucional de la reelección más allá de un segundo mandato. Todas esas reformas apuntan en la misma dirección: evitar la acumulación excesiva de poder. En lugar de concentrar poder, se ha buscado institucionalizarlo.
Este enfoque no es menor. En contextos de fatiga democrática, la percepción de abuso de poder puede acelerar el deterioro de la confianza pública. Por el contrario, el fortalecimiento de reglas e instituciones actúa como un ancla de estabilidad. Los resultados también comienzan a reflejarse en indicadores internacionales.
La República Dominicana ha mejorado significativamente en rankings de estabilidad política y percepción de corrupción, lo que refuerza su posicionamiento como un entorno institucional más predecible. No obstante, la estabilidad institucional por sí sola no es suficiente.
La legitimidad democrática también depende de la capacidad de generar resultados concretos en la vida de las personas. En una próxima entrega analizaremos cómo los resultados económicos y sociales han complementado el fortalecimiento institucional y qué lecciones ofrece la experiencia dominicana para las democracias en tiempos de incertidumbre.
Artículo publicado originalmente en Listín Diario