No es desorden… es otra cosa
Por Juan Carlos Guerra
Las crisis políticas no irrumpen de forma abrupta; se incuban en procesos que, bajo la apariencia de corrección moral, terminan reconfigurando el poder. La República Dominicana ha vivido uno de esos procesos.
La Marcha Verde, presentada como una cruzada legítima contra la corrupción, operó como catalizador de una orientación política más profunda. No fue un fenómeno aislado. Se inscribió en una lógica conocida: presión social sostenida, erosión progresiva de la legitimidad y sustitución del poder bajo una narrativa moral.
El punto de quiebre ocurrió el 16 de febrero de 2020. La suspensión de las elecciones municipales no puede reducirse a incidente técnico. Alteró el curso institucional y abrió un compás de excepcionalidad que redefinió el escenario. No es exagerado analizar ese episodio como una interrupción no convencional del orden democrático.
Seis años después, el gobierno de Abinader y del Partido Revolucionario Moderno enfrenta una percepción creciente de incapacidad para ejercer control efectivo sobre variables críticas del Estado.
En materia de narcotráfico, la DNCD reporta cifras récord: más de 30 toneladas incautadas en 2023. Sin embargo, como advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las incautaciones representan solo una fracción del flujo total. Cuando los decomisos aumentan de forma sostenida, lo que crece es el volumen que circula.
A ello se suma una tendencia señalada por InSight Crime: el Caribe deja de ser solo corredor para convertirse también en mercado. La República Dominicana no escapa a esa dinámica. En paralelo, la presión migratoria desde Haití ha sido enfrentada sin una política de Estado coherente. El resultado es una percepción persistente de control territorial incompleto.
Más inquietante es la dimensión política. Casos judiciales en Estados Unidos han vinculado a legisladores y alcaldes dominicanos, todos pertenecientes al PRM y electos en 2020 junto con Abinader, con redes de narcotráfico. No es serio generalizar, pero tampoco ignorar la señal: cuando estos vínculos se repiten, el problema deja de ser individual.
La cuestión no es si existe una conspiración. Es si resulta sostenible atribuir a la casualidad la convergencia de expansión del flujo de drogas, presión migratoria desbordada y fragilidad institucional bajo un mismo ciclo de poder.
Los Estados no colapsan de golpe: se erosionan cuando el poder pierde control… o cuando aprende a convivir con su pérdida. Porque entonces, el problema ya no es de gestión.
Es de rumbo.