El silencio inducido: cómo la publicidad estatal deforma la democracia
Por Juan Carlos Guerra
La publicidad estatal es, en teoría, un instrumento legítimo: el Estado informa, orienta y comunica políticas públicas. En la práctica dominicana ha derivado en algo peligroso: un sistema de asignación de recursos que distorsiona la información y erosiona la democracia.
El problema no es comunicar. Es cómo se reparte el dinero. En el portal de transparencia estas contrataciones lejos de disipar dudas, revelan su magnitud: entre 2021 y 2025, el gasto en comunicación ha comprometido miles de millones de pesos. Estimaciones independientes sitúan el gasto agregado anual en rangos cercanos a los RD$60,000 millones.
El mecanismo es amplio y sofisticado. Incluye la contratación de presentadores como maestros de ceremonias —con pagos de hasta RD$1,000,000 por actividad—; agencias que subcontratan talentos; influencers que reciben hasta RD$150,000 por publicación; y una nómina de cuentas de tuiter que amplifican mensajes oficiales. A esto se suman contratos que generan dudas sobre posibles sobrevaloraciones.
Hay además un elemento corrosivo: la colonización de la farándula. La frontera entre información y entretenimiento prácticamente ha desaparecido. Buena parte del ecosistema de programas, canales digitales y podcasts dedicados al chisme entre artistas e influencers participa de la publicidad oficial. No es casualidad: el acceso a recursos pasa por alinearse. Lo que debería ser irreverente termina funcionando como una extensión informal de la narrativa gubernamental.
Nada de esto es ilegal por sí mismo. El problema es el patrón.
Cuando una parte relevante del ingreso de comunicadores depende del presupuesto público, la libertad de expresión deja de ser un principio abstracto y pasa a estar condicionada por un incentivo económico. No se prohíbe la crítica; se vuelve costosa. No se impone el silencio; se induce.
Las consecuencias son claras: distorsión del mercado, erosión de la confianza pública y debilitamiento de la rendición de cuentas.
El Estado necesita comunicar, sí. Pero hoy existen canales directos, eficientes y auditables que hacen innecesaria esta intermediación masiva. Lo que subsiste no es una necesidad técnica, sino una arquitectura de poder.
La solución no es maquillarla con más transparencia. Es desmantelarla. Eliminar la publicidad estatal —y limitar la comunicación pública a mecanismos estrictamente informativos— no debilita la democracia; la fortalece.
Porque en una democracia sana, la opinión no se compra: se gana.