Millones de datos falsos empañan comicios en Haití
Haití está marcado por una larga historia de violencia, sorpresas, suspensos y espantos.
Ahora, a las puertas de conocerse esta última semana de octubre la nueva fecha para sus elecciones presidenciales y legislativas, un informe sobre la plataforma digital del Consejo Electoral Provisional (CEP) pone al desnudo la envergadura de una nueva crisis.
Y es que se han develado más de 27 millones de intentos de registro fraudulento por parte de las organizaciones políticas, un padrón de votantes alarmantemente reducido y un calendario en punto muerto, levantando los peores temores sobre la legitimidad de los esperados comicios.
Veamos por partes, en una explicación que pueda entenderse con la mayor simplicidad, qué es lo que se ha destapado en Haití.
Para que una agrupación política pueda presentar candidatos en Haití, el decreto electoral exige inscribir a 30.000 miembros verificados. Sin embargo, de las 105 organizaciones aprobadas, solo 36 han logrado cumplir con el requisito.
Esta es la causa principal de este “cuello de botella”, que, dicho sea de paso, no es solo la falta de organización, sino el intento sistemático de burlar las reglas.
La plataforma del CEP tuvo que bloquear e invalidar una avalancha de registros irregulares.
Se detectaron unos 16 millones de datos incompatibles, con nombres que no coincidían con el número de identidad, inconsistencias de género y datos distorsionados.
Asimismo, 5,8 millones de identidades fueron inventadas por parte de organizaciones que crearon números de identificación falsos para inflar sus listas.
Otros 5,3 millones de militantes se encontraron duplicados, es decir, mismos ciudadanos registrados repetidamente por distintas agrupaciones.
En total, el sistema del Consejo Electoral Provisional rechazó más de 27 millones de intentos de inscripción fraudulenta.
No obstante, aunque la tecnología del CEP demostró efectividad para detener los datos falsos, las cifras revelan una práctica generalizada entre los actores políticos para forzar su participación.
El aspecto más alarmante del proceso no es solo el intento de fraude, sino la misma impunidad institucional claramente establecida en el decreto electoral vigente en Haití.
Este decreto impone severas penas individuales, incluso cadena perpetua y multas millonarias por falsificación de documentos, pero no contempla sanciones ni descalificaciones directas para los partidos o grupos políticos que intentaron cometer fraude masivo.
Esto es lo que se llama un verdadero lío institucional.
Ese vacío legalizado permite que organizaciones que intentaron manipular el sistema continúen en la contienda sin consecuencia alguna.
A la falta de transparencia partidaria se suma la incertidumbre de los electores y la cuestión logística.
Al cierre del registro de votantes, solo 878.226 ciudadanos quedaron formalmente inscritos y habilitados para votar, una cifra preocupantemente baja para dar respaldo democrático a un nuevo gobierno.
En contraste con el reducido número de votantes, la lista de aspirantes es una cosa, en buen decir dominicano, “de locura”.
Está saturada hasta el cuello, con 17 candidatos a la presidencia, más de 330 al Senado y más de 1.100 a la Cámara de Diputados.
La fecha proyectada para una primera vuelta continúa en el limbo, porque el CEP aún no ha fijado una nueva fecha tras posponer la del 13 de diciembre, resultando inviable desde el punto de vista técnico.
El CEP ha tenido que abrir rondas de negociación con el gobierno, mandos de seguridad y socios internacionales para rehacer el calendario.
Un sistema democrático, como el que ha vivido la República Dominicana durante los últimos 65 años, exige reglas claras y la confianza de los ciudadanos.
Periodistas y analistas haitianos coinciden en que avanzar en Haití hacia unos comicios con millones de irregularidades detectadas, un electorado reducido y un marco legal que no castiga, sino que brinda impunidad a la trampa política, pone en riesgo la legitimidad del futuro gobierno.
Los haitianos necesitan ir a votar cuando lo decida el CEP, pero se requiere un proceso transparente cuyos resultados sean respetados por la ciudadanía y la comunidad internacional.
Si no es así, millones de datos falsos empañarán las próximas elecciones, aún sin definir, en Haití.