Venezuela ante el reto de una transición verdaderamente democrática

Por Oswaldo Hurtado F.

Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la conversación internacional. Para algunos sectores,
representa una oportunidad energética, económica y geopolítica.

Para otros, una plaza natural para el regreso de inversiones, empresas petroleras, capitales extranjeros y nuevas expectativas de mercado. Sin embargo, dentro de la propia sociedad venezolana, donde la espera ha sido larga,
dolorosa y profundamente humana, la pregunta debe ser más exigente: ¿estamos frente a una verdadera transición democrática o simplemente ante una etapa de expectativas todavía por comprobar?

La pregunta no busca descalificar a nadie. Tampoco pretende desconocer el valor de cualquier avance que permita abrir espacios de diálogo, normalización institucional o recuperación económica. Venezuela necesita reencontrarse con el mundo, atraer inversión, reconstruir capacidades productivas y ofrecer esperanza a millones de ciudadanos que han vivido durante años entre la incertidumbre, la migración y el deterioro de las instituciones.

Pero precisamente por eso, el país no puede permitirse confundir expectativa con realidad, ni apertura con recuperación plena. Una transición verdaderamente democrática no se mide solamente por el cambio de nombres, por el interés de empresas extranjeras o por el entusiasmo que pueda generarse alrededor de sectores estratégicos como el petróleo. Se mide, sobre todo, por la capacidad de construir garantías reales para los ciudadanos, para las empresas locales y para los inversionistas que necesitan volver a confiar en la ley.

El reto de Venezuela no es únicamente político. Es institucional, jurídico, económico y moral. Después de tantos años de concentración de poder, debilitamiento de la justicia e inseguridad jurídica, cualquier nueva etapa deberá demostrar que la ley vuelve a estar por encima del poder.

Sin esa condición básica, la palabra transición corre el riesgo de convertirse en una promesa
incompleta.

Para abrir una etapa creíble, Venezuela necesita tribunales independientes, fiscales autónomos, respeto a la propiedad privada, contratos protegidos, reglas claras y mecanismos confiables para resolver conflictos. Las empresas nacionales y extranjeras no solo evalúan oportunidades de negocio; también observan el ambiente jurídico donde tendrán que operar. Ningún país puede reconstruirse de manera sostenible si quienes producen, invierten o generan empleo sienten que sus derechos dependen de la cercanía con una figura política, de la voluntad de una autoridad de turno o de una estructura judicial todavía condicionada por intereses de poder.

Por eso, el debate de fondo no debe reducirse a quién gobierna, sino a cómo se gobierna. La democracia no es solo la sustitución de un liderazgo por otro. Es la existencia de límites al poder, de instituciones que no obedecen órdenes políticas, de ciudadanos que pueden expresarse sin miedo y de empresas que pueden operar sin someterse a favores, lealtades o permisos informales.

También hay una responsabilidad que corresponde a la propia sociedad venezolana. En medio de la expectativa de cambio, algunos sectores parecen haber asumido que la sola posibilidad de una apertura económica equivale ya a una recuperación consolidada. De allí surge una reacción comprensible, pero riesgosa: la especulación con el valor de propiedades, activos y oportunidades, especialmente ante el eventual regreso de empresas internacionales vinculadas al sector energético.

Venezuela no debe confundir esperanza con especulación. La esperanza moviliza, reconstruye y convoca. La especulación, en cambio, puede distorsionar la realidad, excluir a quienes quieren regresar, encarecer artificialmente el país y crear una falsa sensación de normalidad antes de que existan las garantías necesarias para sostenerla. Una nación en proceso de reinvención no puede construir confianza sobre precios inflados por percepción, sino sobre valor real, productividad, seguridad jurídica y reglas estables.

El papel de la comunidad internacional también debe ser visto con equilibrio. Venezuela necesitará acompañamiento externo, inversión, cooperación técnica y normalización diplomática. Pero su reconstrucción democrática no puede descansar únicamente en intereses extranjeros ni en acuerdos de coyuntura. El centro de cualquier transición debe ser el ciudadano venezolano: su derecho a decidir, a confiar en la justicia, a producir, a regresar y a vivir en un país donde la ley no sea instrumento del poder, sino garantía de libertad.

Venezuela necesita una transición de garantías, no de ilusiones. Una transición capaz de demostrar que el poder acepta límites, que la justicia puede actuar con independencia, que la propiedad será respetada y que los ciudadanos podrán vivir sin sentirse subordinados a estructuras políticas o económicas de turno. Porque una democracia no se recupera únicamente cuando cambia el poder.

Se recupera cuando la ley, la confianza y la prudencia vuelven a ordenar la vida nacional.